Desarrollo del Frente Marítimo de Jakarta: intereses, luchas de poder y justicia cambiante

Jakarta, la ciudad capital de Indonesia, se encuentra actualmente bajo una transformación masiva en la zona del frente marítimo. Con dos proyectos de relleno distintos llevándose a cabo en el frente marítimo de Jakarta, esto provoca protestas y disturbios masivos en contra de los proyectos. El primer proyecto, el Desarrollo del Frente Marítimo de Jakarta (Reklamasi PANTURA), es un proyecto de desarrollo urbano residencial y comercial que comienza con un decreto presidencial en 1995, y que ha continuado desde entonces tras numerosas demandas judiciales y moratorias por parte de los ministerios relacionados (Sopaheluwakan, J. et al., 2017). El segundo proyecto, el Desarrollo Costero Integrado de la Capital Nacional (NCICD), es una cooperación conjunta internacional entre Indonesia, los Países Bajos y Corea del Sur que busca construir un dique en la bahía de Jakarta para evitar que Jakarta se inunde como resultado del hundimiento del terreno (SOMO et al., 2017).

En este proyecto, hay tres actores locales principales, que son: 1) el Gobierno (nacional y provincial); 2) los promotores privados; y 3) el público (la sociedad civil y las ONG). Mientras que el público se opone abiertamente a los planes de relleno, y los promotores privados están a favor del proyecto, el gobierno también está a favor de los planes de relleno, aunque existen demandas judiciales por parte de los movimientos de la sociedad civil contra las normativas y los planes del gobierno. Las protestas y las demandas comienzan en 2015, cuando se inició la construcción de las islas e impactó los aspectos económicos y ambientales de los pescadores (Sopaheluwakan, J. et al., 2017). La primera razón de las protestas tiene que ver con la falta de participación del público desde el inicio del proyecto. Como consecuencia de ese sistema de planificación unilateral, pudimos ver la formación de áreas segregadas con pobreza concentrada. En esta zona, lo más probable es que cierto grupo de la población se vea obligado a vivir aquí, ya que no hay otro lugar que sea asequible para ellos. Marcuse (2009) señala 2 formas de injusticia espacial, que son: "1) el confinamiento involuntario de cualquier grupo a un espacio limitado, y 2) la asignación desigual de recursos en el espacio". Podemos ver que esta "segregación espacial" no es solo un subproducto de la injusticia, sino que está constituida por —y es constitutiva de— normativas, leyes y, en última instancia, políticas (Dikeç, 2001, p. 1797). Lo que empeora las cosas es que esas mismas normativas y leyes también podrían usarse como justificaciones para los desalojos y el acaparamiento de tierras (Watson, 2009, p. 177). Desde 1996 hasta 2017, hay múltiples desalojos que suman cientos de hogares en el frente marítimo de Jakarta, relacionados con los proyectos de relleno. A partir de este estudio de los proyectos de relleno de Jakarta, comprendemos lo que preocupa a Fainstein sobre la posible demolición de los asentamientos y su reemplazo por estructuras de alta gama, enfocadas en los enfoques de desarrollo económico por parte de los promotores privados (Fainstein, 2014, p. 4). Esto se ve como un acto de "barrer a los pobres", lo cual también explica Watson (2009). La segunda razón son los impactos socioeconómicos y ambientales que el proyecto inflige a los medios de subsistencia de los pescadores. Vanclay (2015) explicó que puede haber impactos indirectos en la condición socioeconómica como resultado de la diferencia en el entorno biofísico, donde las implicaciones podrían tener una consecuencia sobre la función del medioambiente que provee el sustento de los ciudadanos. Existe una posible caída en la producción pesquera de la bahía de Jakarta de 82,2 toneladas/año debido a la desaparición de los caladeros (Puspasari, R. et al., 2018). La tercera razón es el derecho a la ciudad de cada individuo en Jakarta.

Mientras que las nuevas áreas se beneficiarán de acuerdo con el sistema de planificación, que consiste en políticas y normativas, en consecuencia, el producto del propio sistema de planificación (las políticas y las normativas) cargará a los asentamientos informales con limitaciones sociales y costos de capital para sostener su calidad de vida, que se está degradando, y las viviendas serán demolidas (Watson, 2009, p. 181). No solo en términos económicos, sino como un derecho a acceder al frente marítimo; que se supone debe ser un espacio público, se pierde al quedar controlado por empresas privadas.